La búsqueda de una casa propia o el deseo de hacer una inversión inmobiliaria provechosa motiva a numerosas personas a considerar opciones fuera del mercado convencional.
En Colombia, la adquisición de bienes raíces a través de remates judiciales se configura como un procedimiento público y legal en el cual un tribunal subasta propiedades que han sido embargadas a deudores incumplidos para satisfacer sus obligaciones. A pesar de que este canal brinda interesantes beneficios económicos, involucrarse en él requiere entender bien el funcionamiento de la licitación, las condiciones para participar y cómo evitar problemas legales o financieros.
La principal ventaja que seduce a los compradores se encuentra en el factor económico.
En un remate judicial, el precio inicial para comenzar la subasta se establece legalmente en el 70 % del valor estimado en el proceso judicial, lo que facilita la compra de bienes con significativos descuentos en comparación con su precio de mercado actual. Esta discrepancia representa un margen de valorización importante tanto para aquellos que desean residir en la propiedad como para los inversores centrados en el alquiler o la reventa. Asimismo, dado que se trata de un procedimiento regulado por el Código General del Proceso, la adquisición se efectúa dentro de un marco institucional formal.
- No obstante, obtener estas oportunidades implica satisfacer rigurosos criterios de liquidez y momento. Para poder participar en la subasta, el interesado deberá hacer un depósito judicial previamente equivalente al 40 % del valor del bien como garantía de su oferta. Si la propuesta es seleccionada, la ley establece un periodo de apenas cinco días hábiles para pagar el saldo pendiente y los impuestos asociados. Esto significa que no se puede financiar la adquisición a través de hipotecas o subsidios convencionales, así que el comprador debe tener el total del dinero en efectivo antes de hacer su oferta.
- Respecto a los riesgos, es esencial realizar un análisis previo para prevenir problemas financieros o legales. Un punto clave es que, en la realidad, es poco común poder revisar el interior de la propiedad antes de la subasta, lo que permite la posibilidad de descubrir daños materiales o requerir reparaciones costosas. Igualmente, el comprador tendrá que hacerse cargo de las deudas acumuladas por el impuesto predial o las cuotas de administración.
A esto se añade el elemento temporal:
el procedimiento para conseguir la entrega del inmueble y la anulación de los embargos puede demorar varios meses o prolongarse si la propiedad está habitada por el dueño anterior o por personas ajenas.
Analizar con prudencia cada aspecto del remate judicial convierte la especulación en una inversión metódica y cuidadosa. Verificar previamente el certificado de libertad del bien, examinar el expediente en el tribunal e incluir los gastos de saneamiento en el presupuesto son acciones fundamentales antes de invertir el dinero. Te invito a conocer los programas de vivienda de la Cooperativa Coomeva.
