La seguridad en los espacios públicos es un componente esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. Sin embargo, este acceso no se distribuye de manera uniforme entre mujeres y hombres. Para muchas mujeres, la experiencia cotidiana en la ciudad está marcada por la necesidad de adoptar medidas preventivas constantes: evitar caminar solas de noche, modificar rutas, permanecer alerta o incluso renunciar a ciertas actividades por temor a agresiones. Estas prácticas, normalizadas por la sociedad, evidencian que la inseguridad no se vive igual desde todas las identidades de género.
La violencia que enfrentan las mujeres en el espacio público abarca desde el acoso verbal y la intimidación hasta agresiones físicas. Aunque a menudo se minimizan, estas situaciones impactan su bienestar, limitan su movilidad y condicionan su participación social y laboral. De esta manera, el espacio público se vuelve un territorio donde muchas mujeres deben regular su comportamiento para evitar riesgos.
Analizar esta realidad con enfoque de género permite entender que estas violencias no son hechos aislados, sino expresiones de desigualdades históricas y normas culturales que toleran la discriminación. Por ello, la seguridad no puede reducirse a indicadores de criminalidad; también incluye las violencias cotidianas y subjetivas que influyen en la forma en que las mujeres habitan la ciudad.
La infraestructura urbana influye notablemente en esta dinámica. Calles oscuras, zonas aisladas, transporte inseguro o falta de visibilidad entre espacios aumentan la vulnerabilidad de las mujeres. En contraste, medidas como mejorar el alumbrado, fortalecer rutas de movilidad seguras y promover el uso frecuente y mixto de los espacios públicos contribuyen a reducir riesgos y aumentar la confianza de quienes los transitan.
La respuesta institucional también es clave. La formación de funcionarios en enfoque de género, la existencia de canales de denuncia accesibles y campañas que desnaturalicen el acoso son pasos necesarios para avanzar hacia ciudades más seguras. Asimismo, la participación de organizaciones sociales y de mujeres permite construir políticas más cercanas a las realidades territoriales.
A pesar de estos esfuerzos, persisten desafíos importantes como la escasez de datos diferenciados, la normalización del acoso y la baja participación femenina en la toma de decisiones urbanas. Enfrentarlos implica entender la seguridad como un proceso amplio que transforma prácticas culturales, relaciones de poder y formas de diseño urbano.
Construir seguridad desde un enfoque de género significa garantizar que todas las personas puedan habitar el espacio público en igualdad de condiciones, sin miedo y con plena autonomía. Implica diseñar ciudades que protejan y representen a quienes las integran, reconociendo la diversidad de experiencias. Esta mirada no solo disminuye la violencia, sino que también fortalece la cohesión social y promueve sociedades más justas e inclusivas.
Los esfuerzos de organizaciones comprometidas con la equidad, como Coomeva —a través de sus políticas de igualdad y del Comité de Género Coomeva 2022-2026— reflejan la importancia de impulsar procesos que prevengan y atiendan las violencias basadas en género.
Te invito a visitar su página oficial para conocer más sobre estas iniciativas y reflexionar sobre cómo contribuir a una ciudad más segura e igualitaria:
https://www.coomeva.com.co/en_equidad/publicaciones/42820/comite-de-genero-coomeva-2022-2026/
